En
la audiencia preliminar entre partes del 16 de abril se determinará la fecha de
comienzo del segundo juicio por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca, que
no pasará de la primera semana de mayo. Estarán en el banquillo diez represores,
que actuaron bajo la órbita del V Cuerpo de Ejército. La fecha es simbólica:
ese día se cumplirán 26 años del alzamiento carapintada que apuró la sanción de
la Ley de Obediencia Debida y garantizó la impunidad de los ahora enjuiciados. Y
entre la noche de ese día y la madrugada del 17 cumplirá 36 años el hijo de
Graciela Romero, nacido en cautiverio en el CCD bahiense. Aún se lo busca.
Por Diego
Kenis
El segundo juicio oral
a represores que actuaron bajo el V Cuerpo de Ejército tendrá fecha de inicio confirmada
en Bahía Blanca el próximo 16 de abril, cuando en una audiencia preliminar
entre las partes se fije el día de comienzo del debate oral, que según se prevé
no se demorará más allá de la primera semana de mayo.
El Tribunal Oral
Federal (TOF) estará integrado por los jueces Jorge Ferro, José Triputti y
Martín Bava, quienes entre junio de 2011 y septiembre de 2012 llevaron adelante
el primero de los juicios por delitos de lesa humanidad en la ciudad, que concluyó
con catorce represores condenados a prisión perpetua, penas mayores a los
diecisiete años de prisión para otros tres y señalamientos hacia las
responsabilidades de actores civiles como el sacerdote Aldo Vara o la plana
mayor del diario La Nueva Provincia. El Ministerio Público estará representado
en esta oportunidad por los fiscales Miguel Ángel Palazzani y José Nebbia,
responsables de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos
Humanos durante el terrorismo de Estado. Como sede oficiará el Aula Magna de la
Universidad Nacional del Sur (UNS), donde se desarrolló el juicio que concluyó
en septiembre pasado.
Una decena de
represores estarán sentados en el banquillo en el nuevo juicio. Todos ellos
pertenecían al Ejército al momento de cometer los hechos que se les imputan, ocurridos
bajo la órbita del V Cuerpo. Se trata de los militares retirados Alejandro
Marjanov, Armando Barrera, Carlos Stricker, Carlos Arroyo, José Fidalgo,
Bernardo Cabezón y Miguel Villegas. La nómina de acusados incluye también a
Ricardo Gandolfo, quien solicitó la baja en 1978 para dedicarse a la actividad
empresarial. Y a otros dos ex militares: Felipe Ayala fue dado de baja en 1979
por ser hallado autor de un delito contra el honor militar en perjuicio de un
superior, mientras que el ex teniente Fernando Videla fue destituido en junio
de 1980 luego de haber sido puesto a disposición de la justicia civil, que lo
investigaba por tentativa de homicidio.
Ayala, Barrera y
Cabezón habían sido incorporados como “baqueanos” a las filas del Ejército,
cuyo V Cuerpo tenía jurisdicción también en la zona cordillerana sur del país.
Trasladados en comisión a Bahía Blanca entre 1976 y 1977, formaron parte del
grupo de guardias que dirigía el ex teniente Videla. Eran quienes tenían mayor
contacto con los secuestrados en el Centro Clandestino de Detención (CCD) “La
Escuelita”, que funcionó durante ese bienio en el predio del V Cuerpo bahiense.
Por su parte, como ya ha informado Agencia Paco Urondo, Arroyo se recicló
durante la democracia, acompañó al ex presidente Carlos Menem en giras
diplomáticas por todo el mundo entre 1993 y 1998 y dos años más tarde llegó a
ser felicitado por el entonces diputado Miguel Ángel Toma.
La decena de represores
acusados se benefició con la aplicación de la Ley de Obediencia Debida, que el
gobierno de Raúl Alfonsín propició en 1987 para proteger de la persecución
penal a oficiales y suboficiales, sin admitir prueba en contrario. Cuando en la
audiencia preliminar del 16 de abril se conozca la fecha de inicio del debate,
se estarán cumpliendo también 26 años del alzamiento militar de la Semana Santa
de ese año, que apuró la sanción de la normativa de impunidad votada un
bimestre después en el Congreso.
La coincidencia de
fechas también se expresará de otro modo. Entre la noche de ese día y la
madrugada del siguiente, cumplirá 36 años el hijo de Graciela Romero y Raúl
Metz, nacido en cautiverio en “La Escuelita” en 1977 y de cuyo paradero nada se
sabe aún. La escritora Alicia Partnoy dio testimonio del hecho en el libro
homónimo al mencionado CCD, del que es sobreviviente. Allí narra que el
alumbramiento fue asistido por un guardia apodado “Zorzal”, cuya experiencia en
el tema pasaba por haber ayudado “en partos de animales, en el campo”, y que la
criatura nació sana a pesar de las torturas que habían sido aplicadas sobre el
cuerpo de su madre y una vez arrancada de sus brazos fue entregada, al menos en
primera instancia, a uno de los interrogadores del lugar. El pacto de silencio
que mantienen los represores ha impedido hasta el momento avanzar en su
búsqueda.
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