Segundo juicio en marcha

Tres días antes de cumplirse dos años del inicio del primer juicio a represores en Bahía Blanca, hoy comenzará el segundo. Ocho militares retirados y ex militares integran la nómina de acusados. Las dilaciones hicieron que otro se fugara. El décimo no fue hallado en condiciones de afrontar un juicio oral.

Desde las 10 horas de la mañana de hoy, martes 25 de junio, comenzará el segundo juicio contra represores de la última dictadura en Bahía Blanca. El inicio de este nuevo debate oral ocurre a tres días de cumplirse el segundo aniversario de la apertura del primero, que culminó con catorce represores condenados a prisión perpetua, otros tres a penas elevadas y el señalamiento de la participación de actores civiles como el capellán Aldo Vara y la cúpula directiva del diario La Nueva Provincia.

El recinto en que se llevará a cabo el debate será el mismo, el Aula Magna de la Universidad Nacional del Sur (UNS) en avenida Colón 80. Fuera del edificio se aguarda por una concentración que reciba la apertura del debate y la participación de agrupaciones políticas en stands, conformando una actividad organizada por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la agrupación H.I.J.O.S., la Red por el Derecho a la Identidad, en el marco de la Mesa por el Juicio y Castigo, regional Bahía Blanca.  

Los represores que originalmente se encontraban elevados a juicio y a la espera del comienzo del debate eran diez. Las dilaciones en la apertura del juicio, cuya audiencia preliminar se desarrolló un bimestre atrás, concluyeron con la fuga del coronel retirado Carlos Arroyo, que increíblemente se encontraba excarcelado. Hace pocos días se confirmó que tampoco el suboficial retirado Armando Barrera será de la partida, debido a que los peritos oficiales certificaron que no se encuentra en condiciones de afrontar un proceso penal.

Los ocho restantes son los militares retirados Alejandro Marjanov, Carlos Stricker, José Fidalgo, Bernardo Cabezón y Miguel Villegas y los ex militares Felipe Ayala, Fernando Videla y Ricardo Gandolfo. Villegas y Gandolfo serán enjuiciados pero participarán de las audiencias a través de videoconferencias en razón de sus estados de salud.

Una de las particularidades de este juicio es que, a diferencia del anterior, entre los acusados se encuentran guardias del Centro Clandestino de Detención (CCD) “La Escuelita”. Ayala, Barrera y Cabezón formaron parte del grupo que dirigía el ex teniente Videla y eran quienes tenían diario contacto con los secuestrados. Por ello, durante el juicio se aportarán pruebas testimoniales relativas a delitos sexuales perpetrados en el CCD.

El Tribunal interviniente será el mismo que dictó sentencia en septiembre último. Lo componen el juez marplatense Jorge Ferro, el azuleño Martín Bava y el pampeano José Triputti. En cuanto a la representación del Ministerio Público Fiscal, en esta oportunidad será responsabilidad de José Nebbia y Miguel Palazzani, quienes en marzo pasado asumieron al frente de la Unidad de Asistencia Unidad para causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado.

De edecán a presidiario

Por pedido de la fiscalía, el Juzgado Federal 1 ordenó la detención del militar retirado Jorge Igounet, ex edecán de Carlos Menem y luego su funcionario en la SIDE. Está acusado por su participación en el Consejo de Guerra a que fue sometido Carlos Príncipi, luego de pasar un año secuestrado en el CCD “La Escuelita”. El lunes 3 fue detenido y alojado en el penal de Ezeiza.

El coronel retirado del Ejército y abogado Jorge Igounet está detenido desde el lunes 3 de junio pasado en el penal del Servicio Penitenciario Federal de la localidad de Ezeiza y se aguarda su traslado a Bahía Blanca, donde será indagado por su participación en delitos de lesa humanidad cometidos bajo la órbita del V Cuerpo de Ejército durante la última dictadura cívico militar.

La detención de Igounet se produjo por orden del Juzgado Federal 1 de nuestra ciudad y a solicitud de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos, que reclamaba su captura desde diciembre del año pasado.

Destinado a Bahía Blanca a partir de diciembre de 1977, Igounet participó en mayo del año siguiente del Consejo de Guerra a que fue sometido Carlos Príncipi. Se trató de una parodia de juicio que ofició como comienzo del blanqueo de la situación de la víctima, que desde hacía un año se encontraba secuestrada en el Centro Clandestino de Detención (CCD) “La Escuelita”, en el V Cuerpo de Ejército, cuyas fuerzas habían asesinado ya a su pareja, Patricia Acevedo.

En esa ficción, los militares hicieron constar que Príncipi se había presentado por su propia voluntad para que ser enjuiciado, una versión que los hechos y testimonios que dan cuenta de su secuestro desmienten. En la parodia de juicio, Igounet tomó el rol de defensa de la víctima, pero no hizo nada por ello e incluso le anticipó que no se formara expectativas porque “estaba todo decidido”. El objetivo del procedimiento era comenzar un “blanqueo” de la situación del secuestrado para, luego de una condena preestablecida, remitirlo a la Unidad Penitenciaria 4 de Villa Floresta.

Por una acción similar, aplicada a Julio y Rubén Ruiz y Pablo Bohoslavsky, ya fue condenado el año pasado en Bahía Blanca el militar retirado Osvaldo Bernardino Páez.

Entre 1989 y 1996, Igounet se convirtió en el edecán que más tiempo permaneció junto al entonces presidente Carlos Menem, quien luego de su retiro lo nombró subsecretario de Interior de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). La relación entre represores acusados de delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca y el ex presidente registra otros casos, el más emblemático de los cuales es el del ahora prófugo Carlos Arroyo, que durante cinco años desde 1993 acompañó al político riojano en viajes por el mundo como parte de la custodia presidencial.

Los nombres

El Consejo de Guerra que integró como supuesto “defensor” Igounet se conformó también con la participación de (se incluye el rol que a cada uno cupo en la ficción de juicio):

• Presidente: coronel Mario Horacio Torres.
• Vocales: coronel Daniel Ricardo Rodríguez, teniente coronel Eduardo Tomás Rodríguez, y los mayores Carlos Alberto Martínez y Ricardo Correa.
• Fiscal: mayor José Eduardo Calderón.
• Auditor: capitán Jorge Alberto Burlando.
• Secretario: teniente coronel Juan Miguel Escola.

Punta Alta: hallan fosa común en cementerio local

El hallazgo se produjo en la mañana del jueves 6, cuando un grupo de albañiles trabajaba en el lugar. Las pericias permitirán determinar si se trata de personas desaparecidas durante la última dictadura. El lugar permanece bajo custodia policial.

Un grupo de albañiles que se encontraba trabajando en el cementerio municipal de la localidad de Punta Alta, en el distrito de Coronel Rosales y a 30 kilómetros de Bahía Blanca, halló en la mañana de este jueves 6 una fosa común en que, a 50 centímetros de la superficie, se encontraban enterrados restos óseos humanos.

El hallazgo se produjo en un sector del cementerio que durante la dictadura no había sido incluido aun entre las tierras destinadas a la necrópolis. Junto a los restos se encontraron además pedazos de tela. Si bien todavía no ha sido posible determinar de cuántos cuerpos se trata, algunas fuentes calculaban que serían al menos seis.

Por disposición judicial, el lugar se encuentra por estas horas bajo custodia de la Policía Bonaerense. Según trascendió, cuando los albañiles comunicaron en un primer momento la novedad a quienes los contrataron, se les indicó que se deshagan de los restos y no den aviso a nadie más. Los trabajadores, considerando que hay familias que aún buscan a sus seres queridos desaparecidos, decidieron no obstante comunicarse con las autoridades y la prensa, a fin de denunciar el hallazgo y preservar los restos encontrados.

A pocos metros de allí, se ubica la Base Naval de Puerto Belgrano de la Armada, donde el Terrorismo de Estado implementado por la última dictadura dispuso dos Centros Clandestinos de Detención (CCD): el buque “9 de Julio”, amarrado en los apostaderos, y una de las baterías.

No obstante ello, resulta arriesgado asegurar por el momento que los cuerpos pertenezcan a personas desaparecidas. Para ello, deberá aguardarse el resultado de la intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que se encargará en las próximas horas de completar las excavaciones y realizar análisis sobre los restos encontrados.  

Comienza el segundo juicio a genocidas

El lunes 24 de junio próximo comenzará el segundo juicio a represores de la última dictadura en Bahía Blanca. Nueve militares retirados del Ejército se encuentran acusados. El décimo se fugó hace pocas semanas. El Tribunal es el mismo que en septiembre pasado condenó a diecisiete genocidas, catorce de los cuales recibieron penas de prisión perpetua.

Más de dos meses después de la audiencia preliminar y cuatro días antes de cumplirse el segundo aniversario de la cita inaugural en el primer juicio a represores de la dictadura en la ciudad, comenzará el 24 de junio próximo en Bahía Blanca el segundo proceso contra genocidas del V Cuerpo de Ejército.

La duración del debate oral dependerá de las decisiones que adopte el Tribunal interviniente, compuesto por los magistrados Jorge Ferro, José Triputti y Martín Bava, los mismos que en septiembre último condenaron a otros catorce militares y policías retirados a prisión perpetua y señalaron la responsabilidad del diario La Nueva Provincia y del ex capellán Aldo Vara en el plan criminal del Terrorismo de Estado.  Si los jueces acceden a la petición de la fiscalía y las querellas de evitar la revictimización que supone la repetición de declaraciones testimoniales, el juicio no demandaría más de un semestre.

En el banquillo de los acusados debían sentarse originalmente diez militares retirados y ex miembros del Ejército Argentino, pero la fuga de Carlos Arroyo redujo ese número a nueve. Además, resta conocerse el resultado de los exámenes médicos a que serán sometidos otros tres imputados.

La nómina de acusados se compone de los militares retirados Alejandro Marjanov, Armando Barrera, Carlos Stricker, José Fidalgo, Bernardo Cabezón y Miguel Villegas. También incluye a Ricardo Gandolfo, quien solicitó la baja en 1978 para dedicarse a la actividad empresarial. Y a otros dos ex militares: Felipe Ayala fue dado de baja en 1979 por ser hallado autor de un delito contra el honor militar en perjuicio de un superior, mientras que el ex teniente Fernando Videla fue destituido en junio de 1980 luego de haber sido puesto a disposición de la justicia civil, que lo investigaba por tentativa de homicidio.

Todos ellos estuvieron comisionados en el V Cuerpo de Ejército en Bahía Blanca entre 1976 y 1977, cuando se perpetraron la mayor parte de los delitos de lesa humanidad en la ciudad durante el imperio del Terrorismo de Estado implementado por la última dictadura cívico militar. La mayor particularidad de este juicio es que por primera vez estarán sentados en el banquillo tres guardias del Centro Clandestino de Detención (CCD) “La Escuelita” y quien ofició como su jefe. Los cuatro tenían contacto diario con las personas secuestradas, dos de las cuales eran mujeres embarazadas que dieron a luz en cautiverio y de cuyos hijos se desconoce aún el paradero.

En esta oportunidad, el Ministerio Público estará representado por los fiscales Miguel Ángel Palazzani y José Nebbia, responsables de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado que hasta marzo pasado encabezó Abel Córdoba.