Preliminarmente

Se desarrolló durante la tarde de hoy martes la audiencia preliminar en virtud de la cual el TOF interviniente determinará criterios a seguir y contemplar durante el segundo juicio a genocidas que actuaron bajo el V Cuerpo de Ejército. Aún no se fijó una fecha de inicio. Los abogados defensores volvieron a intentar poner palos en la rueda en el avance judicial, al tiempo que evidenciaron notorias contradicciones.

Desde poco después de las 16 horas de hoy martes 16 se realizó ante el Tribunal Oral Federal (TOF) interviniente la audiencia preliminar del segundo juicio a represores que durante la dictadura cometieron graves delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca y la región bajo la órbita del V Cuerpo de Ejército. La audiencia estuvo presidida por el juez pampeano José Triputti, a quien secundaron el marplantese Jorge Ferro y el azuleño Martín Bava. Los tres formaron parte del Tribunal que en septiembre pasado dictó la histórica sentencia por la cual fueron condenados los primeros diecisiete represores en la ciudad.

Como representantes del Ministerio Público Fiscal participaron Miguel Palazzani y José Nebbia, a cargo actualmente de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado. Como abogados por las querellas concurrieron a la audiencia los doctores Mónica Fernández Avello, Diego Czerniecki, Walter Larrea, María del Mar Martín y Mirtha Mántaras. Los acusados, que no estuvieron presentes en la audiencia de ayer, son los militares retirados Alejandro Marjanov, Armando Barrera, Carlos Stricker, Carlos Arroyo, José Fidalgo, Bernardo Cabezón y Miguel Villegas y Ricardo Gandolfo, Felipe Ayala y Fernando Videla, los tres últimos dados de baja entre 1978 y 1980 por diferentes razones.

Al cabo de la audiencia prleiminar no se determinó una fecha específica de inicio del debate oral aunque, según adelantaron los magistrados que integran el TOF, no pasaría de los primeros días de mayo. En cambio, sí quedó confirmado como escenario para su desarrollo el Aula Magna que la Universidad Nacional del Sur (UNS) posee en el edificio de Avenida Colón 80, recinto en que se celebró el juicio que concluyó en septiembre y la propia audiencia preliminar. Sin embargo, Triputti dejó entrever que se barajaba la posibilidad de ocupar otro recinto de cara al futuro.

La tarde comenzó con los organismos de derechos humanos, el público e incluso víctimas y sobrevivientes en la vereda, dado que dentro del recinto se discutía acerca de la privacidad o publicidad de la audiencia. Finalmente, se permitió el ingreso de público a la sala y la audiencia se inició con el juez Triputti otorgando la palabra a los representantes de cada una de las partes, a fin de que efectuasen los pedidos oportunos para determinar el modo general en que se desarrollará el juicio.

Por parte de la querella y de la fiscalía la solicitud más importante giró en torno a evitar que los testigos que declararon durante el juicio de la causa 982, que involucraba el mismo organigrama represivo en la misma época y también bajo jurisdicción de la subzona 51 de la represión clandestina, deban volver a prestar testimonio en el debate que comenzará en pocas semanas. Un argumento en tal sentido resulta clave: el riesgo de la revictimización constante de una misma persona, dado que buena parte de los testigos son sobrevivientes del accionar criminal del Terrorismo de Estado o familiares de ellos. A ello se suma la idea de practicidad y agilidad del desarrollo del juicio, a los efectos de cumplir con las normativas en vigencia. En tal sentido, fue constante la cita a la acordada 01/12 de la Cámara Nacional de Casación Penal, que fijó criterios para dotar de celeridad a los debates orales.  

Sin embargo, los abogados defensores se opusieron al pedido de querellantes y representantes del Ministerio Público Fiscal. Y allí comenzó a verse la estrategia de la abogada Barbitta, defensora del militar retirado Carlos Arroyo. Barbitta adujo que requeriría que se citase nuevamente a los testigos, en virtud de que ella no había participado en el debate oral concluido en septiembre y que sobre su defendido sólo pesaba la acusación vinculada a lo que eligió llamar “el episodio de Fitz Roy”, en referencia al operativo militar en que una patota integrada por Arroyo asesinó a Daniel Hidalgo y Olga Souto Castillo en un departamento de la calle Fitz Roy.

La abogada también repitió el dato al momento de solicitar que el caso que involucra a su cliente se trate en primer término por constituirse en la única acusación en su contra, lo que evidenció la estrategia que con toda probabilidad seguirá durante los meses que dure el debate: considerar al hecho como un episodio aislado, separado del plan criminal. Por ello, el fiscal Palazzani le contestó oportunamente que de ningún modo podía desprenderse el asesinato de Hidalgo y Souto Castillo del aceitado engranaje de la represión clandestina que se ejecutaba desde el V Cuerpo de Ejército.

Pese a la postura mayoritaria de los defensores –tanto los particulares como los oficiales- de volver a citar a los testigos que refieran a los hechos en debate, la inacción que ya el año pasado el entonces fiscal a cargo Abel Córdoba adjudicó a los letrados defensores se evidenció una vez más durante la tarde de este martes: cuando el TOF les requirió una lista de aquellos testigos a los que consideraban que debían volver a escuchar y preguntar, ninguno la ofreció de inmediato. Por el contrario, admitieron no disponer de ella y se comprometieron, ante la falta, a acercarla en los próximos días. Todo ello pese a que expresamente el TOF había determinado que la presentación de tales nóminas sería uno de los objetivos del encuentro preliminar.

Otro punto destacable giró en torno a la aceptación de los defensores a la omisión de la lectura de las requisitorias de elevación de los imputados. En esta oportunidad, tanto los abogados que participaron del anterior juicio como los que no lo hicieron decidieron consentir en ello. No llamó la atención esta actitud, que en realidad responde a un criterio de practicidad básica, sino la contradicción en que incurrieron respecto de lo que algunos de ellos sostuvieron un año y medio atrás: cuando comenzó el primer juicio bahiense, en junio de 2011, se opusieron tenazmente a saltear dicho paso. Fue el propio juez Triputti quien recordó esto, y se mostró (¿irónicamente?) satisfecho por el cambio de actitud de los letrados, entre los que se encontraba el inefable teniente coronel retirado Mauricio Gutiérrez, que este año también será parte del staff.

Otra petición importante por parte de la querella la formuló la doctora Fernández Avello. Este debate oral incluye a tres guardias del Centro Clandestino de Detención (CCD) “La Escuelita” y a su jefe, todos con contacto diario y directo con las personas secuestradas allí. En virtud de ello, y tomando en cuenta los abusos sexuales a los que fueron sometidas algunas de las víctimas por parte de los represores imputados, Fernández Avello solicitó que cuando ellas deban prestar testimonio sobre los hechos se desaloje la sala y se retire al periodismo de la misma.

Durante la semana, las partes serán notificadas por el TOF en torno a las resoluciones más importantes, aquellas que refieren a la fecha precisa de inicio del juicio y a la posibilidad de que declaren nuevamente o no los testigos que ya lo hicieron durante el año y medio que duró el primer juicio por la Causa Ejército en nuestra ciudad.

Fue Miguel Palazzani quien dejó una frase que podría resumir el espíritu de una lucha. Al momento de defender su postura en torno a evitar la revictimización de las personas que aportan testimonios sobre lo vivido, recordó que “víctimas de estos delitos no resultan sólo los sobrevivientes, sino también sus familiares. Pero, además, son de lesa humanidad. Eso quiere decir que como víctima de ellos aparece la humanidad en su conjunto”.